Nosotros los pueblos Atacameño o Likanantay, Aymara, Kichwa, Kolla, Diaguita, Kaweshkar, Mapuche, Rapa Nui y Yagán, junto a las organizaciones y demás movimientos sociales que forman el poder constituyente de Chile, las organizaciones no-gubernamentales y religiosas, los medios de comunicación y las corporaciones, fundaciones y formaciones académicas, políticas, gremiales, sindicales y profesionales de los sectores de la cultura, la economía y la educación; nosotras, las municipalidades, comunidades indígenas y asociaciones territoriales y funcionales; las empresas y demás fuerzas ciudadanas organizadas de la sociedad: 

Hacemos nuestra la petición de las ciudadanas y los ciudadanos individualmente considerados iniciada por Ignacio Iriarte, dirigiendo esta carta complementaria a los poderes constituidos bajo la Constitución de 1980, instándolos a inaugurar junto a nosotros el primer proceso constituyente realmente democrático de la historia de Chile. 

Cada voz ciudadana es valiosa en sí pero ninguna puede más que la voz colectiva de una sociedad que organiza libremente su orden político y económico. Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra voluntad soberana en favor de un plebiscito que inaugure la Nueva Constitución de Chile.

Rechazamos la antigua Constitución porque no surgió de un proceso democrático y sus candados mantienen un régimen autoritario, cerrado y tutelado que entraba el ejercicio de nuestra libre determinación.

Ajada con los años, la antigua Constitución agrava su obsolescencia cada día con parches y rellenos (13 veces en 20 años). Continuas marchas y asambleas en calles, plazas y aulas, rompen hoy las débiles costuras que entraban nuestra libre determinación. Desfigurada por años de jineteo binominal, la antigua Constitución repele el quehacer político de la sociedad que se supone debe organizar. Queremos una democracia real, no binominal, con representaciones políticas que defiendan nuestra libre determinación, y dejar atrás el régimen social que reprime las fuerzas creativas del país.

A pesar del conjunto de instrumentos legales internacionales vigentes que le obligan a respetar y restituir nuestros recursos como pueblos indígenas, así como a consultarnos previamente de buena fe y de manera informada sobre cualquier materia que pueda afectarnos, el Estado chileno criminaliza nuestra protesta social a vista e impaciencia de los ciudadanos y de la comunidad internacional.

Hay partidos políticos tradicionales y movimientos sociales que contemplan una Nueva Constitución en sus programas y manifiestos. Pensador@s públic@s afirman que es preciso replantear las normas que estructuran formalmente nuestra convivencia. Quienes residimos en el extranjero queremos votar sin limitaciones ni exclusiones. Educación, Salud, Trabajo, Territorio, Migración, Medio Ambiente, Energía, Minería o Recursos Hídricos; nuestras miradas y prioridades difieren, pero todos deseamos realizar un plebiscito que ratifique nuestra emancipación política en lo que vendría a ser el primer proceso constituyente verdaderamente democrático de la historia de Chile. Estamos por un nuevo pacto social que dote a nuestra convivencia de lineamientos más justos e igualitarios.

Continuos movimientos ciudadanos dan cuenta del desfase entre el gobierno constituido y nuestra sociedad organizada. Esta brecha comunicacional ha crecido a la par con la desigualdad: estadísticas de la ONU muestran que 9 millones de compatriotas viven como angoleños promedio y que el décimo más pudiente de Chile gana 78 veces más que el décimo más pobre. A pesar de pagar la Educación Superior más cara del mundo, nuestro sistema educativo reproduce y profundiza la segregación social, y nuestros libros también son los más caros. Pagamos las más altas cuentas de electricidad, agua, salud y conectividad digital del continente, lo que unido a niveles criminales de contaminación en las ciudades, refleja la profunda y ciega incompetencia de sucesivos gobiernos. Tampoco tenemos un derecho a huelga que contrapese a los empleadores en nuestras negociaciones colectivas: además de percibir ingresos miserables, la gran mayoría está endeudada desde la juventud y sin remedio. No existe un orden constitucional razonablemente equitativo que potencie la solidaridad que practicamos en nuestras comunidades y organizaciones, urbanas y rurales.

Plebiscitaremos una Nueva Constitución en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación 

La discusión pública con debido respeto a la variedad de orientaciones políticas personales y colectivas influye: en este último año ha cuajado una opinión pública movilizada, consciente de su diversidad. Mientras más jóvenes, más decimos como pensamos sin miedo. Desde 1990 y al contrario de la antigua Constitución, nuestra opinión pública ha rejuvenecido y madurado: nuevos medios sociales organizan día a día llamados y movimientos creativos y de protesta que dejan atrás la mentalidad pasiva y cerrada que cree que el poder constituido es constituyente – idea de dictadura-, reemplazándola por una noción de gobierno abierto e incluyente, realmente democrática y pluralista, como la que queremos plebiscitar en nuestra Nueva Constitución.

Una constitución no es solo un texto estatutario con el que algunos pueblos se dotan de organización política sino que es un proceso permanente. La asamblea que firma esta carta quiere una Nueva Constitución, pero aunque ésta no llegase a producirse materialmente, nada nos impedirá hacerla valer socialmente.

En pleno y libre ejercicio de nuestra autonomía para perseguir los fines políticos que nos hemos impuesto, llamamos a un plebiscito que apruebe o rechace la realización de una Asamblea o Convención Constituyente y la redacción de una Nueva Constitución. Este nuevo pacto social garantizará nuestras autonomías junto al principio de la igualdad en la diversidad, hacia la equidad en las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales y en general, para la “vida buena” de nuestros pueblos, regiones y organizaciones en sus territorios y jurisdicciones, integrando las variables ecológicas y sociales. 

En virtud de esta carta y en representación de nuestros pueblos, comunidades, organizaciones y asambleas, los abajo firmantes convocamos al primer proceso constituyente verdaderamente democrático de la historia de Chile.

Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T'allas