Quienes firmamos, miembros de la comunidad académica venezolana, queremos manifestar nuestro total rechazo al llamado que ha hecho el Presidente Nicolás Maduro a elegir una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de reformar la Constitución vigente desde al año 1999, sin consultar previamente a todos los electores.

Las razones de nuestro rechazo coinciden con las que han sido expuestas por ilustres juristas, por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, por algunas universidades nacionales y asociaciones profesionales del derecho, por la Comunidad de Jesuitas de Venezuela, por la Fiscal General de la República, así como por exponentes de la política nacional. La propuesta de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido inclusive objetada por políticos, de alguna manera cercanos al chavismo, por ex funcionarios del gobierno y de manera especial por el movimiento estudiantil y jóvenes que desde hace más de dos meses se enfrentan valientemente a una brutal represión armada. Además, la convocatoria a tal Asamblea no resuelve el problema humanitario por el cual atraviesa Venezuela, sino que lo agrava e introduce la violencia como medio para resolverlo.

En este pronunciamiento solo mencionaremos dos de ellas que, a nuestro juicio, justifican plenamente el rechazo:

La primera es su carácter ilegal e inconstitucional que viola el artículo 347 de la CRBV, que reza: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Igualmente viola los artículos 341 y 345 que ordenan que las enmiendas y reformas constitucionales deben someterse a referendo popular.

Si, como dice un conocido jurista ahora próximo al gobierno, la Asamblea Constituyente no introduciría cambios importantes a la Constitución vigente, no se comprende porqué no se informa a los ciudadanos cuáles cambios habría que hacerse y con qué finalidad y se les consulta si los consideran necesarios o no.

La otra razón de nuestro rechazo es la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual, según la propuesta presentada, estaría constituida por unos 500 asambleístas, de los cuales entre 200 y 250 serían representantes de las comunas, las misiones, algunos gremios obreros controlados por el gobierno y comunidades indígenas. De hecho, la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión, vulnerando la progresividad de los derechos humanos establecidos en la Constitución.

Nuestra opinión es que una Asamblea Constituyente con una correlación de fuerza tan orientada a los intereses del gobierno, tendría la posibilidad de elaborar una nueva constitución con cambios muy sustanciales en la manera de entender y practicar la función del gobierno así como en la interpretación de los derechos de los ciudadanos.

No queremos un cambio en el contrato social que rige los deberes y derechos de los venezolanos. Queremos que se respete la Carta Magna vigente la cual fue aprobada en consulta amplia a toda la ciudadanía.

Creemos que la mejor y única forma de impulsar el desarrollo de la sociedad es vivir en un régimen democrático transparente en sus acciones y respetuoso de todos los venezolanos.

La saña con la cual el gobierno y su partido se enfrentan a la valiente actitud del movimiento estudiantil y a la sociedad civil, nos obligan, como miembros de la comunidad académica, a sumar responsablemente una nueva voz de libertad, a la de nuestros discípulos y el resto de la ciudadanía venezolana.